El Ayuntamiento abre el proceso para renovar una infraestructura clave que conecta a los municipios de la comarca
El Ayuntamiento de Calatayud ha aprobado en Pleno el inicio del procedimiento abierto para la concesión administrativa de la estación de autobuses. Esta decisión supone el tramo final de un largo recorrido orientado a regularizar la gestión de estas instalaciones, que son de propiedad municipal.
La medida salió adelante con una división de opiniones en el arco político local: el Partido Popular votó a favor de la propuesta, mientras que el PSOE se posicionó en contra y el concejal de Ciudadanos Tú Aragón optó por la abstención. Tras este acuerdo, el siguiente paso será la publicación oficial de las condiciones del nuevo contrato.
La historia de este equipamiento se remonta a 2010, año en que se adjudicó originalmente por un periodo de una década que fue prorrogado posteriormente. Para llegar al punto actual, el consistorio ha trabajado durante los últimos dos años en los trámites preceptivos, incluyendo la contratación de una empresa externa para la redacción del estudio de viabilidad económica. Dicho estudio, junto con la revisión de precios y la estructura de costes del servicio, ya recibió en su momento el visto bueno del Pleno Municipal.
El concejal de Movilidad, Luis Esteban, ha defendido la importancia de este proceso para asegurar la continuidad de un servicio que ha calificado como "de interés general y necesario". Según el edil, el impacto de la estación trasciende los límites de la ciudad, beneficiando no solo a los bilbilitanos, sino también a los municipios de la comarca y de las zonas vecinas que dependen de este nudo de comunicaciones.
En cuanto a los detalles técnicos de la licitación, el contrato se establece por un periodo inicial de 10 años, con la posibilidad de una prórroga de 5 años adicionales. La entidad que resulte adjudicataria se encargará de la explotación integral del complejo, lo que incluye la gestión de las dársenas y las taquillas, así como la actividad del establecimiento de hostelería y el parking subterráneo, que dispone de 35 plazas. Como contrapartida a la administración local, la empresa deberá abonar un canon anual de 1.000 euros, una obligación que comenzará a aplicarse a partir del quinto año de la concesión.
