El Ayuntamiento impulsa otra fase de restauración mientras ultima la adjudicación de obras en el Castillo Mayor y reivindica la cooperación entre administraciones como eje del proyecto patrimonial
El perfil amurallado que dibuja el Conjunto Fortificado Islámico sobre el casco histórico de Calatayud vuelve a situarse en el centro de la agenda municipal. El Castillo del Reloj ha sido presentado a la convocatoria de 2025 del programa estatal del 2% Cultural con una propuesta que supera el millón y medio de euros y que persigue asegurar su estabilidad y apertura futura al público.
La iniciativa, recién registrada por el consistorio, plantea una inversión global de 1.565.000 euros. De prosperar, el 74% del importe —1.158.000 euros— sería sufragado por el Gobierno central, mientras que el 26% restante, 407.000 euros, correspondería al Ayuntamiento. El calendario previsto fija en doce meses el plazo de ejecución.
En paralelo, el Ayuntamiento ha sacado a licitación la primera intervención urgente en el propio Castillo del Reloj, centrada en la consolidación estructural y financiada con cargo al Plan de Bienes Inmuebles de Propiedad Municipal de la Diputación Provincial de Zaragoza. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 6 de marzo a las 10.00 horas.
Además, en el horizonte inmediato figura la adjudicación —en unas dos semanas— de la actuación en el Castillo Mayor, también respaldada por el 2% Cultural en su convocatoria de 2023. Esta obra contempla la consolidación de 800 metros de muralla, la habilitación de pasarelas hacia los torreones este y oeste y la adecuación de senderos hasta los miradores. El presupuesto asciende a 2.395.590 euros, con la misma distribución financiera: 74% aportado por el Estado y 26% por la administración local.
Un plan trazado por fases
El concejal delegado de Urbanismo y Patrimonio, José Manuel Gimeno, recuerda que la intervención en el Castillo del Reloj no responde a una decisión improvisada. El primer proyecto vino acompañado de un documento estratégico que dibuja siete etapas de actuación. La que ahora está en licitación, valorada en 99.834,66 euros, constituye la más urgente; las seis restantes quedaron definidas como anteproyecto, listas para activarse conforme se obtuviera financiación.
La propuesta presentada a la nueva convocatoria del 2% Cultural amplía el alcance de los trabajos: consolidación de los lienzos norte, oeste y sur, cosido de grietas, pavimentación de la plataforma superior y recuperación del acceso original por la calle Subida al Castillo. Se incorporarán, además, excavaciones arqueológicas destinadas a documentar el enclave y facilitar su interpretación museística.
El empleo de técnicas tradicionales y materiales compatibles con el carácter histórico del recinto forma parte de la filosofía del proyecto. No se trata únicamente de reforzar muros, sino de preservar la autenticidad de una fortaleza que integra uno de los cinco castillos del conjunto islámico bilbilitano, considerado el más antiguo y extenso de la península en su época.
Patrimonio compartido, esfuerzo compartido
El avance del Conjunto Fortificado Islámico —casi cuatro kilómetros de murallas que enlazan cinco fortalezas— evidencia, según subraya el Ayuntamiento, la necesidad de cooperación institucional. La declaración como Bien de Interés Cultural en 2007 marcó un punto de inflexión, pero la puesta en valor de espacios como la Torre Mocha, la Torre Albarrana y el Castillo Mayor ha sido posible gracias a la suma de recursos municipales, provinciales y estatales.
Esa coordinación, sostienen desde el área de Urbanismo, permite abordar intervenciones de gran envergadura sin comprometer las cuentas locales y garantiza una planificación sostenida en el tiempo.
¿De qué depende el 2% Cultural?
El denominado 2% Cultural es un programa gestionado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España. Su origen se encuentra en la obligación legal de destinar un porcentaje de la inversión pública en obra civil a la conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico.
Cada convocatoria establece las bases, los criterios técnicos y los plazos para que comunidades autónomas y entidades locales presenten proyectos de restauración o rehabilitación. Una comisión evalúa las propuestas y determina qué actuaciones reciben financiación. El esquema habitual contempla que el Estado asuma hasta el 75% del coste, debiendo la administración promotora garantizar la parte restante.
En el caso de Calatayud, el recurso a este instrumento se ha consolidado como pieza clave para transformar un conjunto defensivo de alto valor histórico en un activo cultural y turístico plenamente accesible, con condiciones de seguridad y lectura patrimonial acordes a la actualidad.
