El organismo judicial estima anular uno de los requisitos del pliego administrativo de la “Zona Azul” y el Ayuntamiento recurrirá
Uno de los asunto que se trataron a lo largo de ayer en el Pleno del Ayuntamiento de Calatayud fue referente al contencioso que se mantiene con la adjudicación del contrato de la conocida como “zona azul”. Un contrato que se adjudicaba en el 2018 a la empresa Dornier por un periodo de diez años por un importe anual de 82.000 euros.
En su día, una empresa que no pudo licitar por uno de los requisitos del contrato denunciaba la situación ante el Mercado de Valores. La Audiencia Nacional anulaba este requisito del pliego en cuestión que en concreto incidía en la necesidad de las empresas que se presentaran a tener una experiencia mínima y tener al menos el servicio en tres poblaciones distintas y con un mínimo de 1.000 plazas en cada una.
José Camarzana, responsable de Movilidad en el Ayuntamiento de Calatayud explicaba la situación y el recurso presentado por esta empresa que no pudo concurrir, Ausa. Según Camarzana, la sala de lo Contencioso Administrativo emitía un requerimiento solicitando al Ayuntamiento que convocase “un nuevo procedimiento, sin perjuicio de que se mantenga la vigencia y efectos del contrato existente hasta que se produzca la nueva adjudicación”.
La postura del Ayuntamiento es la de mantener el contrato y tener en cuenta la recomendación para el próximo”.
Ciudadanos Tu Aragón, Jorge Lázaro, incidía en que “lo que dictamina la Comisión del Mercado de Valores no implica la adjudicación, pero proponen redactar otro pliego”.
Desde el PSOE, Sandra Marín comentaba “el error técnico del pliego lo advertimos en varias ocasiones. Se ha seguido adelante desde el 2018 hasta la actualidad, acarreando gastos en procesos judiciales en estos cinco años, dinero que sale de todos los bilbilitanos”. “Una de las clausulas de los pliego vulnera los principios de necesidad y proporcionalidad. Por este error a la hora de confeccionar los pliegos hay dos perjudicados, la empresa que no se pudo presentar y la empresa a la que se le concedió el contrato”.
Finalmente el Pleno aprobaba con los votos a favor de PP y Vox, la abstención de Ciudadanos-Tú Aragón y el voto en contra del Partido Socialista, presentar un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional.
Por lo tanto se seguirá en los tribunales este contrato que termina en 2028.
El Pleno aprobaba también en este caso por unanimidad de todos los grupos políticos la creación del Consejo Sectorial de Juventud, Ciudadanía y Familia, Patrimonio y Casco antigua y economía y desarrollo local.
