Vox fía sus áreas clave en el Gobierno de Aragón a perfiles técnicos ligados a Calatayud

No es ningún secreto que la confección de los segundos y terceros niveles de la administración autonómica suele ser un encaje de bolillos donde se miden al milímetro la cualificación profesional, o así debería de ser.  En este sentido, en las últimas semanas la estructura gubernamental de Vox en el Ejecutivo aragonés —capitaneada por el vicepresidente primero Alejandro Nolasco— ha dejado clara una marcada tendencia: la formación está buscando  perfiles de alta gestión y marcado carácter técnico dándose la circunstancia de que tres de ellos guardan una estrecha relación con la Comarca de Calatayud.
Hasta tres nombres con profundas raíces en el territorio bilbilitano han dado el salto al organigrama de la Consejería de Desregulación y Bienestar Social, asumiendo algunas de las carteras con mayor responsabilidad ejecutiva y presupuestaria de la presente legislatura.

Roberto Pérez: el primer paso de Nolasco
La avanzadilla de este desembarco bilbilitano se fraguó con el nombramiento del periodista Roberto Pérez (Calatayud, 1971) como nuevo jefe del Gabinete de la Vicepresidencia. Pérez, cuya designación ya adelantamos en estas páginas, dejó la subdirección del diario digital OkDiario en Madrid para convertirse en la mano derecha y principal estratega político de Alejandro Nolasco.
Se trata de un perfil que aúna el análisis institucional (es licenciado en Ciencias Políticas por la UNED) con una dilatada trayectoria de más de tres décadas en la comunicación nacional, habiendo sido delegado del diario ABC en Aragón e incluso corresponsal en Nueva York. Pese a su proyección exterior, sus primeros pasos profesionales están estrechamente ligados al periodismo local de su tierra, donde formó parte activa de la redacción del semanario La Comarca de Calatayud y de la emisora local de la Cadena COPE.

Marta Tejero: una funcionaria de carrera 
El segundo movimiento estratégico sirvió para la gestión del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), el verdadero pulmón operativo de las políticas sociales de la comunidad. Vox ha apostado por la psicóloga bilbilitana Marta Tejero para sustituir a Ángel Val al frente del organismo.
A diferencia de los nombramientos puramente políticos de antaño, el perfil de Tejero es estrictamente técnico y de confianza interna de la casa: funcionaria de carrera desde hace doce años, atesora una impecable hoja de servicios en el área de menores del Gobierno de Aragón. De hecho, hace apenas tres meses había ascendido por méritos propios a la jefatura del servicio de Atención a la Infancia y la Adolescencia, un bagaje técnico que ahora aplicará a nivel autonómico para desbloquear la gestión de la dependencia y las ayudas sociales.

Raúl López: un jurista de la Solera 
La última pieza de este puzle institucional con ADN bilbilitano es la incorporación de Raúl López Martínez como nuevo director general de Desregulación. Nacido en Zaragoza en 1971 pero de familia profundamente ligada a Calatayud —donde ejerció como juez sustituto, formó parte de la directiva de la emblemática peña sanroquera Solera e incluso colaboró durante un tiempo con el semanario La Comarca—, López asume un reto mayúsculo.
Su currículum es puramente académico y jurídico: doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, y poseedor de un Máster en Investigación en Economía y Empresa por ICADE. Además de su labor en los juzgados, ha ejercido como profesor en universidades de prestigio como ESIC, la San Jorge o la Rey Juan Carlos, y ha dirigido el Observatorio del Deporte Femenino.
Desde su nueva dirección general, López tendrá la responsabilidad de pilotar uno de los proyectos estrella de Vox en el Gobierno. La Dirección General de Desregulación tiene entre sus competencias la reducción o eliminación de normas, cargas y trámites burocráticos con el objetivo de simplificar la administración y facilitar la actividad económica. El nombramiento de López se enmarca en esta línea de trabajo del Ejecutivo autonómico para agilizar procedimientos y mejorar la relación entre ciudadanos, empresas y administración.