El Ejecutivo autonómico endurecerá los requisitos de acceso exigiendo cotizaciones previas a la Seguridad Social y un mayor tiempo de empadronamiento
El Gobierno de Aragón ha anunciado una modificación de la Ley 3/2021 con el objetivo de impedir que los inmigrantes en situación administrativa ilegal perciban la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (PACIMV). El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, avanzó la tramitación de un Proyecto de Ley que será aprobado en Consejo de Gobierno y posteriormente remitido a las Cortes autonómicas.
Según criticó Nolasco, la normativa actual permite que cualquier persona en situación irregular que alegue vulnerabilidad económica acceda a una ayuda pública media de 924 euros al mes con solo un año de empadronamiento. El vicepresidente contrapuso esta cifra con las pensiones mínimas de viudedad en España, argumentando que el subsidio actual supera en más de 200 euros lo que perciben muchas viudas menores de 60 años.
Nuevos requisitos basados en la cotización
La reforma legislativa buscará restringir el acceso a estas rentas mediante el principio de "prioridad nacional". Para ello, el nuevo texto exigirá acreditar un arraigo real y verificable en la comunidad, vinculándolo a un periodo de empadronamiento reforzado y, fundamentalmente, a una trayectoria previa de cotización a la Seguridad Social que demuestre que el solicitante ha contribuido activamente al sistema.
Balance y datos de la prestación en la comunidad
El coste anual de estas ayudas en Aragón —que se dividen entre la PACIMV y el complemento económico para titulares del IMV (ICSS)— asciende a 4,5 millones de euros según el vicepresidente de Aragón.
De acuerdo con los datos facilitados por la consejería, el escenario actual de las ayudas se compone de los siguientes factores:
• Distribución del gasto: El 25% del presupuesto total lo perciben ciudadanos inmigrantes, un colectivo que representa el 15% de la población de la comunidad.
• Beneficiarios: Actualmente hay algo más de 1.100 inmigrantes que reciben esta renta social básica.
• Duración: Más de la mitad de estos beneficiarios extranjeros llevan cobrando la prestación de forma continuada desde hace cuatro o más años.
El Ejecutivo autonómico justificó este giro político defendiendo la necesidad de cerrar las puertas a quienes no aporten al Estado del Bienestar, sosteniendo que los recursos públicos deben priorizar la atención a la dependencia y las residencias de mayores antes que consolidar subsidios de forma indefinida.
