DPZ.- Según el Partido Popular "el Congreso ha evitado una confiscación municipal sin precedentes"

Política
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Califican como de incierto que la DPZ vaya a dejar de destinar 5,1 millones de euros por tumbarse en el congreso el decreto de Hacienda para que los ayuntamientos cedieran sus remanente



Según el Partido Popular en la DPZ "no es cierto que la Diputación Provincial de Zaragoza vaya a dejar de destinar 5,1 millones de euros a inversiones financieramente sostenibles (IFS) porque se haya tumbado el injusto decreto de Hacienda para que los ayuntamientos le cedieran sus remanentes. El portavoz del PP en la DPZ, Francisco Artajona, aclara que vincular ambas cosas es “torticero y falta a la verdad” y responde al único deseo por parte del presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, de “justificar lo injustificable para minimizar la derrota del PSOE en el Congreso”.  
 
Artajona explica que el Gobierno de España publica cada año en marzo un decreto para que las entidades locales (donde se incluyen las diputaciones) puedan destinar el superávit del año anterior a actuaciones IFS. De hecho, la DPZ convocó estas ayudas en 2018 (relativas al superávit de 2017), porque el Gobierno de España había publicado el decreto de autorización en el mes de marzo.  Lo mismo pasó en el año 2019, cuando el Gobierno volvió a publicar el decreto para habilitar en este caso la utilización del superávit de las entidades locales de 2018. Sin embargo, a pesar de poder hacerlo, la DPZ no llegó a convocar el Plan para Inversiones Financieramente Sostenibles IFS, a sabiendas de que sería incapaz de ejecutarlo. Por eso, este dinero se convirtió en remanente acumulado. “Es curioso que el presidente de la DPZ eche la culpa
al PP de no poder convocar el Plan de las IFS, cuando el año pasado fue él quien decidió no convocarlo, habiendo sido autorizado por el Gobierno de España”, argumenta Artajona.
 
Pero este año, el Gobierno de España no quiso publicar el decreto en marzo. Decidió vincularlo al fallido Decreto 27/202, y que exigía la entrega de los remanentes de las entidades locales. Este chantaje recibió un rechazo casi unánime por parte de los ayuntamientos en el Congreso el pasado jueves.  
 
El presidente Sánchez Quero, conocedor de primera mano de esta circunstancia, “vende a la opinión pública que la única forma de destinar este dinero a IFS era con el Decreto 27/202, obviando lo que ha ocurrido los años anteriores y cuando ya sospechaba que no iba a salir adelante”, explica Artajona. “El PSOE de Sánchez prefiere manipular la verdad para culpar de todo al PP. Pero Sánchez Quero, que es presidente de una institución que defiende y protege a los municipios, no puede entrar en esta política de chantaje más centrada en los partidos que en los ciudadanos”.
 
El presidente de la DPZ celebró Pleno el pasado miércoles, el día de antes de la votación en el Congreso, a pesar de que todo apuntaba a que no iba a prosperar. Por eso, impulsó a aprobación de la modificación para incorporar el superávit a la cuenta (lo que sería el paso previo) pero no la convocatoria del Plan de IFS.  
 
“Es un insulto que esté intentando desgastar al PP desde su cargo institucional, a sabiendas de que el real decreto era tremendamente injusto, manipulando la realidad: que fue Sánchez el que impidió a todas las diputaciones gestionar estos fondos como se ha hecho en los últimos años”, insisten los populares que, además, proponen una solución adecuada y realista.  
 
“Lo que debe hacer el Gobierno ahora, siendo responsable con la situación de pandemia que vivimos y considerando al municipalismo como un bastión y no como una forma de autofinanciarse, es impulsar de forma urgente un nuevo decreto sustentado en tres bases”, detalla Artajona. “Que se permita el uso del superávit del año pasado, algo que sí que estaba ya contemplado; y que se permita el uso de los remanentes de Tesorería acumulados de las entidades locales, algo que no autorizaba el decreto 27/2020”. Por último, los populares insisten en que deben consensuarse unos criterios de reparto justos para distribuir el fondo no reembolsable de 5.000 millones de euros y, por supuesto, no condicionarlo a la entrega de los remanentes, de forma que todos y cada uno de los ayuntamientos y diputaciones sean útiles para la ciudadanía pudiendo
disponer del dinero necesario para luchar contra la Covid y sus consecuencias, y contribuir desde las administraciones más cercanas al ciudadano, que son los municipios y las provincias, a reactivar la actividad económica y social del país".

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