La empresa Hermanos Martínez S.A. seguirá prestando en Calatayud, por imposición del Ayuntamiento, el servicio de transporte urbano de viajeros
Este lunes se aprobaba también en el Pleno municipal, con los votos en contra del PSOE y PAR, y la abstención de VOX, la imposición a la empresa Hermanos Martínez S.A. de la prestación obligatoria del servicio público de transporte urbano de viajeros en Calatayud hasta la adjudicación de un nuevo contrato con otra empresa concesionaria.
El concejal delegado de Grandes Contratos, José Hueso, explicó que esta imposición para la prestación obligatoria del servicio “se debe a una insatisfactoria situación que se ha producido ya que a 8 días del vencimiento del contrato con Hermanos Martínez S.A. el Ayuntamiento no está en condiciones de sacar a licitación un nuevo contrato, y la actual concesionaria del servicio no quiere continuar” prestando este servicio.
Hueso explicó que no se puede hacer otra cosa en esta situación ya que no se va a dejar a los vecinos de Calatayud sin este servicio. Señaló que no hay personal en el departamento para preparar unos nuevos pliegos de contratación, y que hace un año la empresa ya mandó una carta al Ayuntamiento diciendo que no quería continuar con este servicio puesto que tenía pérdidas. Hueso manifestó que están a la espera de la respuesta del Consejo Consultivo de Contratos a quien se ha dirigido el Ayuntamiento sobre esta cuestión con la intención de que, con este acuerdo, la empresa luego pueda reclamar una indemnización.
Tanto desde el PSOE como desde el PAR, los concejales Santiago Mingotes y Ana Belén Ballano respectivamente, criticaron la falta de previsión del equipo de gobierno sobre este asunto, puesto que sabían que “el 1 de marzo de este 2023 vence el contrato con la actual concesionaria del servicio, quien avisó hace un año que querían rescindir el contrato”, señaló Mingotes.
“No entiendo las excusas. Sabían ya hace tiempo que vencía el contrato y que la empresa no iba a dar su consentimiento a una nueva prórroga. El Ayuntamiento debería haber actuado antes de llegar a esta situación”. “No se puede obligar a la empresa a continuar, no es justo para ella”, concluyó Ballano.
