Más de 700 hectáreas perdidas en una década y hasta 20.000 euros anuales de pérdidas por hectárea evidencian el impacto en el sector
El fuego bacteriano sigue golpeando con fuerza a los fruticultores de las comarcas de Calatayud y Valdejalon, donde esta enfermedad vegetal, causada por la bacteria Erwinia amylovora, está provocando la desaparición progresiva de explotaciones, especialmente de la variedad blanquilla. Sin tratamientos fitosanitarios eficaces, la única solución pasa por el arranque y la quema inmediata de los árboles afectados, una medida drástica que está dejando un paisaje cada vez más vacío de perales.
El impacto es evidente en las cifras. En la última década se han perdido más de 700 hectáreas de peral en zonas como Calatayud y Valdejalón, una tendencia que también afecta a comarcas cercanas como el Aranda. Solo en Calatayud, la superficie ha pasado de más de 800 hectáreas en 2015 a poco más de 450 en la actualidad. En el conjunto de Aragón, la reducción alcanza el 45% del total de cultivo de peral, con especial incidencia en variedades como conferencia, blanquilla y ercolini.
A pesar de los esfuerzos de los agricultores, que han llegado a aplicar tratamientos experimentales para frenar el avance de la bacteria, la enfermedad continúa expandiéndose, especialmente tras los episodios meteorológicos adversos registrados en los últimos años. Las ayudas públicas tampoco están logrando revertir la situación. Las subvenciones actuales cubren parcialmente los costes de arranque y replantación, pero no compensan la pérdida de ingresos durante los años en los que las nuevas plantaciones no producen.
Según estimaciones del sector, una hectárea de peral puede generar unos 40.000 kilos de fruta, con un valor aproximado de 20.000 euros por campaña. La eliminación de estas explotaciones supone, por tanto, un golpe económico continuado durante varios años, ya que un nuevo árbol tarda entre cuatro y siete años en alcanzar su plena producción.
Ante este escenario, las organizaciones agrarias reclaman un mayor respaldo institucional. Solicitan indemnizaciones por lucro cesante e incluso medidas para los casos en los que las explotaciones se vean abocadas al cierre. También piden una delimitación más precisa de las zonas afectadas y una evaluación del impacto en toda la cadena agroalimentaria.
En paralelo, el pasado 18 de marzo, el Grupo Parlamentario Socialista registró en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para reforzar la lucha contra el fuego bacteriano. La iniciativa plantea mejorar la coordinación técnica entre administraciones, actualizar los protocolos de actuación y fomentar el intercambio de información, especialmente en los momentos de mayor riesgo para los cultivos.
El texto también apuesta por impulsar acciones de formación e información dirigidas a agricultores y profesionales del sector, con el objetivo de favorecer la detección precoz y la correcta aplicación de las medidas fitosanitarias.
Mientras tanto, desde el Gobierno de Aragón recuerdan que ya se han puesto en marcha líneas de ayuda por valor de 500.000 euros para el arranque y la replantación de nuevas variedades. Sin embargo, admiten que parte de estos fondos no se han agotado, ya que no todas las solicitudes han salido adelante.