Los consejeros de Economía, Ciudadanía, Agricultura y Sanidad se han reunido este miércoles en la Sala de la Corona con representantes de las localidades que más trabajadores del campo reciben anualmente
El objeto del encuentro ha sido tratar el abordaje de los posibles problemas que pudieran surgir en el momento cumbre de la temporada, que será en verano; despejar dudas, así como mostrar todo el apoyo del Ejecutivo aragonés en caso de que sea necesario
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto; la consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón; la consejera de Sanidad, Sira Repollés, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona; y el director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez, se han reunido este miércoles por la mañana en la Sala de la Corona, en el edificio Pignatelli (Zaragoza), con representantes políticos de los municipios y comarcas vinculados a la recogida de la fruta.
Con este encuentro, el Gobierno de Aragón ha querido resolver las dudas que se les plantean a los municipios que más trabajadores temporales del campo reciben cada año para afrontar la temporada de recogida de la fruta y se les ha ofrecido todo el apoyo necesario en el caso de que surja algún problema. Durante el encuentro también se ha puesto de manifiesto la colaboración, la transversalidad y la coordinación interdepartamental dentro de Ejecutivo para evitar nuevos contagios por Covid-19 en la próxima campaña, cuyo punto más álgido se dará entre julio y agosto, meses que más preocupan al Ejecutivo aragonés.
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Orden de medidas de control y prevención
La experiencia del año pasado ha llevado al Gobierno de Aragón a adelantar todo lo posible la planificación de la campaña y, tal y como ha explicado el consejero Olona, el pasado mes de febrero se publicó en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) una Orden conjunta de los Departamentos de Agricultura, Economía y Sanidad, de medidas de control y prevención para asegurar el cumplimiento de la normativa laboral en el ámbito de la seguridad y la salud.
La Orden obliga a los empleadores con más de una hectárea de frutal a comunicar a la Administración las previsiones de contratación a través de la presentación de una declaración responsable. El número total de agricultores con esta obligación es de casi 3.000 y afecta a un total de 37.800 hectáreas de tierra. El plazo concluyó el pasado viernes, a las 24.00 horas, y el número de declaraciones presentadas ha alcanzado el 85,4%, lo que representa un 98% de las HA. “Como ya anuncié ayer, para ese 14,6% que no ha cumplido y que, según hemos constatado, son fundamentalmente pequeñas explotaciones de menos de 20HA, hemos iniciado el expediente sancionador correspondiente”, ha recordado Olona.
Olona ha vuelto a recordar que esta Orden tiene dos objetivos primordiales. Por un lado, disponer de toda la información necesaria del volumen del personal a contratar, para que las diferentes administraciones puedan planificar las medidas necesarias en la gestión de la pandemia. Y, por otro, conseguir que el sector fruticultor se involucre más y mejor en las condiciones transporte y alojamiento, además de las laborales.
Este instrumento de planificación ya se puso en marcha el año pasado, aunque la premura y los pocos días hábiles con la que solicitó –con la campaña ya iniciada-, hizo que solo presentaran la declaración un 47% de los fruticultores obligados. “Este año me hubiese gustado superar el 90%, pero tengo que agradecer la diligencia del 85,6 de los empleadores que ha presentado la documentación en tiempo y forma, así como la labor de las organizaciones agracias y cooperativas que han estado colaborando desde el primer día con el Departamento para llevar a buen puerto la Orden”, ha añadido Olona, quien ha insistido en que hay que evitar que lleguen más trabajadores de los que son necesarios y que, según los datos recogidos a través de las declaraciones responsables presentadas, no serían necesarios más de 15.000 en el momento cumbre de la campaña.
Economía convoca ayudas para financiar el acondicionamiento de alojamientos e intensificará los controles
En cuanto a los alojamientos, Marta Gastón ha incidido en que el Departamento de Economía, Planificación y Empleo ha convocado ayudas para financiar el acondicionamiento de alojamientos destinados a trabajadores temporales del sector agropecuario. Desde este mismo martes y hasta el próximo 14 de abril, las empresas y cooperativas agrarias pueden solicitar estas subvenciones, dotadas con 215.000 euros, tanto de forma presencial como telemática. El objetivo es apoyar al sector agropecuario aragonés y facilitar que sus trabajadores temporales tengan alojamientos adecuados, mejorando sus condiciones laborales y, al mismo tiempo, reduciendo los riesgos frente al coronavirus.
Asimismo, y como ya se ha venido reiterando en las sucesivas reuniones que se han mantenido con los agentes implicado en este tema, durante la reunión también se ha puesto de manifiesto la intención del Gobierno de Aragón para intensificar las inspecciones en las explotaciones agrícolas. Para ello, se trabajará de forma conjunta con el resto de las administraciones para incrementar los controles en las zonas donde se concentran los trabajadores temporales.
Presidencia cuenta con un censo de recursos alternativos para el aislamiento en los municipios
Por su parte, el director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez, ha recordado que el año pasado el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, a través de su Dirección General, hizo llegar a las comarcas una petición para que informaran del número de trabajadores temporales del campo que aspiraban a recibir y de cuántos recursos habitacionales disponían en su territorio. En relación con lo primero, se elaboró un listado con más de un centenar de empresas agrícolas de nueve municipios que iban a dar empleo en total a más de 3.500 temporeros. Sobre los alojamientos, se recibió información sobre cuatro comarcas (Bajo Cinca, Bajo Aragón-Caspe, Campo de Borja y Bajo Aragón), gracias a la cual se pudo analizar la disponibilidad en cada territorio y las principales instalaciones con que contaban en caso de necesidad.
Gracias a estas acciones, el Departamento de Presidencia cuenta esta temporada con un censo de recursos alternativos que, en caso de brote, permitiría a los municipios afectados aislar a los trabajadores del sector contagiados y evitar así la propagación del virus.
Asimismo, Ibáñez ha recordado que desde su dirección general se está ofreciendo un servicio de acompañamiento a los ayuntamientos, atendiendo sus necesidades y trasladándolas por los canales de comunicación correspondientes.
Sanidad actuará en el marco de su competencia: pruebas, seguimiento y rastreo de contactos, en caso de brote
La consejera de Sanidad, por su parte, ha mostrado su apoyo a los municipios y ha recordado que, en caso de que fuese necesario, el Departamento actuaría siguiendo los protocolos que se siguen ante cualquier brote en el marco de sus competencias: la realización de pruebas diagnósticas, seguimiento de los casos y rastreo de los contactos.
Además, ha recordado, ya el pasado verano la comunidad dio de alta de forma temporal a aquellos residentes en la comunidad que no tenían derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos para su control epidemiológico en el marco de las actuaciones en materia de salud pública realizadas para el control de COVID-19. Esto les da acceso a la cartera de servicios de Atención Primaria, Especializada y la dispensación farmacéutica de los medicamentos necesarios para el tratamiento de la enfermedad, con la aportación del usuario del 40% de su precio.
Ciudadanía trabaja en una campaña de sensibilización, dirigida a migrantes, que pondrá en marcha el próximo mes de abril
Por último, María Victoria Broto, ha explicado que desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, y en concreto la Dirección General de Cooperación e Inmigración, además de la estrecha colaboración que siempre mantiene con Agricultura, está a disposición de cualquier institución pública o entidad que lo requiera para llevar colaborar en aspectos como la traducción e interpretación; la accesibilidad de toda la información y la asistencia jurídica especializada en temas relacionados con inmigración y extranjería.
Del mismo modo, dentro de las subvenciones de Inmigración que se otorgan anualmente, se han financiado proyectos de orientación, acogida y mediación intercultural con trabajadores agrícolas de origen extranjero.
Además, la Dirección General está trabajando en la elaboración de una campaña de sensibilización que se empezará a difundir a principios de abril para poner el acento en los derechos de las personas inmigrantes y hacer visible su situación. En 2020, se elaboró una campaña de sensibilización traducida a siete idiomas con medidas de prevención y actuación ante la COVID-19.