La entidad exige suspender el incremento lineal de la cuota al considerar que castiga a las familias y pequeños comercios mientras exonera a los grandes generadores de residuos.
La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) ha presentado un recurso formal de alegaciones contra la modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 9 del Ayuntamiento de Calatayud. La organización rechaza de pleno el hachazo fiscal del 8,18 % previsto en el recibo de la basura y solicita la nulidad del expediente al entender que la subida se ha diseñado mediante un cálculo desproporcionado, falto de transparencia y contrario a la normativa vigente.
En el escrito de alegaciones, firmado por el presidente de UCA, José Ángel Oliván, se denuncia que el Consistorio bilbilitano pretende aplicar un incremento lineal e indistinto a todos los contribuyentes por igual —viviendas, pequeños comercios e industrias— sin haber realizado un estudio real sobre cuánto contamina cada sector. Desde la asociación sostienen que este reparto a piñón fijo contraviene los principios constitucionales de equidad y capacidad económica, beneficiando en la práctica a los grandes productores de desperdicios en detrimento de las familias y los pequeños negocios.
Sin incentivos al reciclaje y con dudas contables
Uno de los puntos clave del recurso radica en el incumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos, que obliga a las administraciones locales a implantar tasas donde «quien contamina, paga». UCA reprocha al Ayuntamiento que posponga sin fecha cualquier tipo de bonificación para quienes reciclan o separan en origen, convirtiendo el tributo en un mero sablazo recaudatorio desprovisto de motivación ambiental.
A esto se suman graves deficiencias técnico-contables en la memoria del proyecto. Entre ellas, la entidad subraya la imputación a tanto alzado de un 21,65 % en concepto de «costes indirectos» —más de 369.000 euros sin desgloce ni justificación concreta—, la inclusión de estimaciones presupuestarias no confirmadas y el reparto de los costes de vertedero basándose en la población oficial (censo del INE) en lugar de en las toneladas reales tratadas.
Por todo ello, la Unión de Consumidores ha solicitado la suspensión y revisión integral de la subida propuesta, reclamando a la corporación municipal un nuevo estudio económico justo, transparente y dotado de incentivos fiscales para los ciudadanos que hagan un uso responsable del servicio.
