COMARCAS.- DPZ destina 60 millones de euros de remanentes a dos planes extraordinarios para ayuntamientos de la provincia

Fiscalidad y Ayudas
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30 millones serán para un plan de inversiones alineadas con la Agenda 2030 y los otros 30, para un plan de concertación incondicionado con el que los municipios podrán afrontar el encarecimiento de la obra pública

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El pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado hoy viernes una modificación presupuestaria que destina 60 millones de euros de remanentes a impulsar dos planes extraordinarios de ayudas para los ayuntamientos de la provincia. La mitad de esos fondos se utilizarán para financiar un plan de inversiones alineadas con la Agenda 2030, mientras que los otros 30 millones se distribuirán mediante un plan de concertación totalmente incondicionado que los consistorios podrán destinar a lo que cada uno decida.
"En un momento tan difícil como el actual en el que la subida de precios y la guerra de Ucrania están ralentizando la tan ansiada recuperación post-pandemia y están encareciendo sobre manera la ejecución de la obra pública, desde la Diputación de Zaragoza volvemos a poner todo nuestro músculo financiero a disposición de los 292 ayuntamientos de la provincia", ha destacado el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, quien también ha recalcado que estas dos líneas de ayudas extraordinarias van a ser posibles "gracias a la suspensión de las reglas de gasto y, sobre todo, gracias a la extraordinaria salud financiera de la que goza la Diputación de Zaragoza".
"Los 30 millones del plan de concertación servirán para que los ayuntamientos puedan hacer frente al encarecimiento de las obras municipales por la fuerte subida que están experimentando los materiales y los suministros o para que financien cualquier otra iniciativa que consideren prioritaria para su municipio", ha recordado Sánchez Quero.
"En paralelo, y como ya hicimos el año pasado, con la inversiones del plan Agenda 2030 seguimos mejorando los servicios y los equipamientos de nuestros pueblos, contribuimos al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y dinamizamos las economías locales mediante la contratación de las pymes y los autónomos de nuestro medio rural", ha subrayado el presidente.
Ambos planes se distribuirán con los criterios habituales en los dos últimos mandatos: el 40%, mediante una cantidad fija igual para todos los ayuntamientos, y el 60% restante, en función de la población de cada municipio.  No obstante, en esa parte variable también se tendrá en cuenta el Índice Sintético de  Desarrollo                Territorial (ISDT), un índice matemático elaborado y aprobado por el Gobierno de Aragón que permite cuantificar el nivel de desarrollo territorial de los municipios zaragozanos a partir de diferentes indicadores demográficos, económicos, geográficos, de movilidad, de accesibilidad, de acceso a la digitalización...
 
Otras partidas
La modificación presupuestaria aprobada en el pleno de hoy ha salido adelante con los votos a favor del PSOE, En Común-Izquierda Unida, Podemos-Equo y Ciudadanos y la abstención del PP y de Vox. Asciende en total a 67 millones de euros, se financia íntegramente con cargo al remanente de tesorería que la Diputación de Zaragoza ha ido ahorrando en los últimos años y supone incrementar el montante total de las cuentas de 2022 un 40% (de 169 a 236 millones de euros).
Además de los dos planes extraordinarios de ayudas para los ayuntamientos, esta incorporación de fondos al presupuesto también incluye una partida de 2 millones de euros para rehabilitar el palacio Eguarás de Tarazona; 700.000 euros para suplementar la partida destinada a la mejora de firmes en las carreteras de la provincia; y 630.000 euros para apoyar a los refugiados de la guerra de Ucrania mediante la firma de convenios con las ONG que les atienden en la provincia de Zaragoza (500.000 euros) y también a través de nuevas ayudas humanitarias de emergencia (130.000 euros) que supondrán duplicar la partida prevista inicialmente para este año.
En la modificación presupuestaria también se han incluido 400.000 euros para ampliar la caja de cooperación con la que la Diputación de Zaragoza concede préstamos a interés cero a los ayuntamientos; otros 400.000 euros para ampliar la convocatoria de ayudas a la cooperación internacional; y 200.000 euros adicionales para suplementar las ayudas a las asociaciones de la provincia que desarrollan proyectos de acción social.
 
Ampliada la duración del contrato para poner en marcha Ecoprovincia
En el pleno de hoy viernes, que ha sido extraordinario, también se ha aprobado ampliar a 10 años la duración del contrato de transporte y transferencia de residuos que la Diputación de Zaragoza va a sacar a concurso para poner en marcha el proyecto Ecoprovincia, el servicio público impulsado por la propia DPZ para que los ayuntamientos de toda la provincia puedan llevar sus basuras al vertedero de Zaragoza capital y cumplan así la directiva europea que les obliga a reciclar al menos el 50% de sus residuos.
Esta ampliación de la duración del contrato es una medida excepcional prevista en la legislación y se justifica porque la empresa a la que se le adjudique la gestión del servicio Ecoprovincia no recuperará la inversión que tenga que realizar hasta el año 10 del contrato, tal y como ha puesto de manifiesto el estudio de costes realizado por la Diputación de Zaragoza previa consulta a cinco empresas del sector y a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón. PSOE, PP y En Común-Izquierda Unida han votado a favor y Ciudadanos, Podemos-Equo y Vox se han abstenido.
 
Acuerdo para poder revisar los precios de las obras de la DPZ
Además, el pleno ha aprobado por unanimidad que en los contratos públicos de obra de la Diputación de Zaragoza, así como en los contratos de servicios y suministros necesarios para le ejecución de esas obras, se apliquen las disposiciones contempladas en el decreto ley promulgado por el Gobierno de Aragón para adoptar medidas excepcionales y urgentes por la subida del coste de los materiales y los suministros. De esta forma, la DPZ podrá adoptar los mecanismos previstos legalmente para revisar los precios de sus obras y garantizar así su ejecución.

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