Aseguran que el pliego del Gobierno de Aragón dejó fuera a empresas del territorio y ahora la concesionaria no respeta las condiciones
Una treintena de alcaldes de las comarcas de Calatayud, Valdejalón, Daroca, Cariñena y el Aranda se reunieron ayer en Paracuellos de Jiloca para analizar los problemas que está generando el nuevo transporte regular de viajeros desde su entrada en funcionamiento el pasado 15 de diciembre. El encuentro sirvió para poner en común las numerosas quejas trasladadas por vecinos y ayuntamientos y para coordinar una respuesta conjunta ante el Gobierno de Aragón.
La Dirección General de Transportes presentó las líneas del Lote 13 dentro del nuevo mapa concesional, pero desde su puesta en marcha los problemas se han sucedido. Los alcaldes coinciden en que los horarios, las frecuencias y las conexiones entre rutas no se ajustan a las necesidades reales de municipios pequeños, donde el autobús es, en muchos casos, el único medio de transporte público disponible.
Cumplir con el pliego de condiciones
Según expusieron, la situación está afectando de forma directa a los usuarios, con retrasos, cambios de horarios sin previo aviso y vehículos que no se corresponden con lo establecido y en ocasiones supresión de los trayectos. También denunciaron la falta de servicio en determinadas circunstancias y la imposibilidad de enlazar rutas de forma razonable, lo que deja aisladas a varias localidades.
Uno de los puntos que más malestar genera es el proceso de adjudicación. Los alcaldes sostienen que las condiciones incluidas por el Gobierno de Aragón en el pliego de concesión impidieron que empresas de la zona, con experiencia y arraigo en el territorio, pudieran presentarse. A su juicio, se diseñó un concurso que dejó fuera a operadores locales y favoreció a una empresa que ahora, aseguran, no está cumpliendo lo firmado.
“La empresa está incumpliendo muchas de las condiciones del pliego del contrato”, señalaron de forma unánime tras la reunión. Entre los incumplimientos citan el uso de vehículos que no se ajustan a lo exigido, la ausencia de autobuses en algunas rutas y desajustes constantes en los horarios de salida y llegada.
Ante esta situación, los alcaldes acordaron presentar una queja formal al Gobierno de Aragón y reclamar un mayor control sobre la concesionaria. Consideran que la Administración autonómica debe intervenir para garantizar que el servicio se preste en las condiciones acordadas y que el transporte público no se convierta en un problema para unos municipios que ya sufren falta de servicios y despoblación.
