El alcalde solicita al Gobierno de Aragón que cualquier modificación del sistema no afecte a la atención al ciudadano ni a la calidad del servicio
El Ayuntamiento de Calatayud ha trasladado su preocupación ante una posible modificación del sistema de gestión de las oficinas liquidadoras, reclamando que no se vea afectada ni la atención al ciudadano ni el empleo asociado a este servicio.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Aranda, ha remitido una carta a la Consejería de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón en la que pide que, en caso de introducirse cambios, se mantenga el nivel de servicio actual. En la misiva insiste en que estas oficinas desempeñan un papel clave en la gestión de impuestos como transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados o sucesiones y donaciones.
Actualmente, Calatayud cuenta con una oficina liquidadora integrada en el Registro de la Propiedad, un modelo que, según el alcalde, ha demostrado su eficacia. Aranda argumenta que los datos de gestión, tiempos de tramitación y resolución avalan el buen funcionamiento de estas oficinas frente a otros modelos de gestión autonómica, tal y como recogen los informes anuales tributarios.
Además, subraya la cercanía del servicio, destacando que estas oficinas no solo cumplen una función administrativa, sino que también ofrecen asesoramiento directo y personalizado a los vecinos, especialmente importante en municipios alejados de grandes núcleos urbanos. En este sentido, considera que contribuyen a la cohesión territorial.
El alcalde advierte de que una eventual supresión de estas oficinas no debería traducirse en una pérdida de calidad en la atención. Por ello, solicita que cualquier alternativa garantice la continuidad del servicio bajo criterios de proximidad, profesionalidad y eficacia.
En el caso de que las competencias pasaran a ser asumidas por oficinas dependientes directamente del Gobierno de Aragón, Aranda reclama que se dote a estos centros de personal cualificado suficiente para orientar y asistir a los ciudadanos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
