El servicio se trasladará progresivamente a la red autonómica, con Calatayud como referencia comarcal, en medio de críticas por la pérdida de proximidad y dudas sobre el empleo
La reorganización del sistema de atención tributaria en Aragón continúa avanzando y empieza a concretarse sobre el terreno. Tras las advertencias del PSOE de Aragón sobre el posible cierre de las oficinas liquidadoras en municipios como Calatayud, Ateca, Daroca o La Almunia de Doña Godina, y la preocupación expresada por el Ayuntamiento de Calatayud en defensa del mantenimiento del servicio y del empleo, el Gobierno autonómico ha detallado cómo se llevará a cabo el nuevo modelo.
Centralización de la gestión
Según la información trasladada por el Ejecutivo aragonés, el servicio no desaparecerá, sino que pasará a prestarse directamente desde la red de oficinas propias de la Comunidad Autónoma. En este sentido, ya se ha iniciado la implantación en la oficina delegada de Calatayud, donde comenzarán a asumirse estas funciones durante el periodo transitorio, en el que convivirán ambos sistemas hasta la finalización definitiva del convenio con los registradores.
Este planteamiento apunta, en la práctica, a una centralización de la gestión en las cabeceras donde existen oficinas delegadas. En el caso de la comarca de Calatayud, todo indica que trámites que hasta ahora se realizaban en localidades como Ateca dejarán de prestarse allí para concentrarse en la sede de Calatayud, que actuaría como punto de referencia para toda el área. Aunque el Gobierno no detalla municipio por municipio, el propio diseño del nuevo modelo —basado en una red más reducida de oficinas— refuerza esta interpretación.
Desde el Ejecutivo se insiste en que la red territorial es “suficientemente extensa”, apoyándose no solo en las ocho oficinas delegadas, sino también en oficinas comarcales agrarias que podrían asumir tareas básicas de apoyo, como la recepción y digitalización de documentación. Sin embargo, estas oficinas no están especializadas en materia tributaria, lo que deja interrogantes sobre el alcance real de la atención que podrán prestar.
El cambio responde, según el Gobierno de Aragón, a una estrategia de “desprivatización” del servicio y a la adaptación a un contexto en el que la mayoría de los trámites ya se realizan de forma telemática. Además, defiende que el modelo actual genera un sobrecoste superior a los dos millones de euros anuales, al resultar más caro el sistema de oficinas liquidadoras que la recaudación que gestionan en determinados casos.
Otro de los aspectos que genera mayor incertidumbre es el impacto en el empleo. Las oficinas liquidadoras están vinculadas a los registros de la propiedad y cuentan con personal especializado que, en muchos casos, lleva años desarrollando estas funciones. La desaparición del modelo actual abre un escenario incierto: parte de estos trabajadores podría no integrarse en la estructura autonómica, ya que el nuevo sistema se basa en medios propios de la Administración.
