PSOE y PP respaldan unidos la continuidad de un servicio considerado esencial para evitar la pérdida de atención administrativa en las pequeñas poblaciones aragonesas
El Ayuntamiento de Ateca ha aprobado por unanimidad una moción conjunta en defensa del mantenimiento de las oficinas liquidadoras en Aragón, una decisión que refleja la creciente preocupación de los municipios rurales ante la posible pérdida de servicios públicos de proximidad.
La iniciativa salió adelante en el pleno municipal celebrado el pasado 8 de mayo y fue respaldada por los dos grupos políticos con representación en el consistorio, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, en un gesto poco habitual que evidencia la dimensión territorial del problema.
Un servicio cercano para municipios pequeños
Las oficinas liquidadoras han permitido durante décadas gestionar impuestos como Sucesiones y Donaciones o Transmisiones Patrimoniales sin necesidad de desplazarse a las capitales de provincia. Para localidades como Ateca, su existencia ha supuesto mantener una relación directa entre administración y ciudadanía, especialmente relevante en zonas con población envejecida o con dificultades de acceso digital.
El anuncio de que dejarán de prestar servicio el próximo 30 de junio de 2026 ha encendido las alarmas en numerosos municipios aragoneses. La decisión afecta a 25 localidades repartidas por las tres provincias y ha provocado una reacción coordinada de ayuntamientos que ven en esta medida un nuevo paso en la pérdida progresiva de servicios en el medio rural.
El texto aprobado por el pleno atecano subraya que la desaparición de estas oficinas obligaría a muchos vecinos a realizar desplazamientos para trámites habituales y podría agravar la brecha digital existente en zonas donde el acceso a internet o el manejo de herramientas electrónicas sigue siendo limitado.
La lucha por no perder servicios
Independientemente del debate administrativo, la moción se enmarca en una reivindicación más amplia: la defensa de la igualdad territorial. El Ayuntamiento considera que mantener atención presencial resulta clave para garantizar que vivir en un pueblo no suponga menos derechos que hacerlo en una ciudad.
El acuerdo municipal manifiesta su oposición al cierre del servicio presencial, insta al Gobierno de Aragón a garantizar la igualdad de oportunidades en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y reclama que las oficinas continúen funcionando en los municipios donde ya están implantadas.
Asimismo, el consistorio acordó trasladar la resolución al presidente del Gobierno autonómico y a los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón.
El motivo del Gobierno de Aragón
Desde el Ejecutivo autonómico se defiende que no se trata de eliminar el servicio, sino de reorganizarlo. El Gobierno de Aragón ha decidido no renovar el convenio con el Colegio de Registradores que permitía el funcionamiento de las oficinas liquidadoras y asumir directamente la gestión tributaria dentro de la propia administración pública.
Según la explicación oficial, el nuevo modelo pretende reforzar la atención presencial mediante una red de más de 50 puntos de atención al contribuyente distribuidos por el territorio, duplicando los centros existentes hasta ahora y trasladando la prestación del servicio a oficinas delegadas del Gobierno y dependencias comarcales.
El Ejecutivo sostiene que esta reorganización busca mejorar la cobertura territorial, modernizar la gestión y reducir costes derivados de la externalización del servicio, aunque numerosos ayuntamientos temen que el cambio suponga, en la práctica, una pérdida de especialización y cercanía administrativa.
Un debate que trasciende a Ateca
La moción aprobada en Ateca se suma a iniciativas similares impulsadas en otros municipios aragoneses, donde el cierre de las oficinas liquidadoras se interpreta como un símbolo de un problema mayor: la dificultad del medio rural para conservar servicios esenciales.
En un contexto marcado por la despoblación, la defensa de estas oficinas se ha convertido para muchos ayuntamientos en algo más que una cuestión tributaria. Representa, aseguran, la necesidad de mantener viva la presencia institucional en los pueblos y evitar que cada reorganización administrativa termine alejando un poco más la administración de quienes viven fuera de las grandes ciudades.
