El plan impulsa el relevo generacional y la creación de empleo en el sector agroalimentario, consolidándose como una herramienta clave frente a la despoblación
El Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023–2027 no es solo una línea de ayudas para Aragón: funciona como una palanca de transformación en el medio local. Su previsión final apunta a una inversión global de 575 millones de euros, dentro de un modelo de financiación que ha contado con reconocimiento expreso de su buena gestión en periodos anteriores. Pero, más allá de las cifras, el plan busca dejar una huella concreta en el territorio: más empleo, más jóvenes incorporados, explotaciones más modernas y una red de iniciativas público-privadas que ha impulsado a la población rural aragonesa.
Ese impacto se mide, sobre todo, en personas. El PEPAC contribuye a la creación de empleos directos, con una presencia muy significativa de jóvenes y mujeres, y facilita la incorporación de jóvenes agricultores gracias a 57,5 millones de euros movilizados en el ámbito sectorial. El resultado no es menor: en un contexto de despoblación y relevo generacional frágil, el plan ayuda a sostener una actividad que de otra forma sufriría consecuencias difíciles de revertir.
En este contexto, existen varias iniciativas que resultan decisivas para lograr los objetivos propuestos. Una de ellas tiene que ver con la gestión y conservación de los montes aragoneses, un patrimonio que supera el millón y medio de hectáreas y que desempeña un papel esencial tanto desde el punto de vista ambiental como económico. Carlos Baraza, jefe de la Sección de Incendios Forestales de Zaragoza, recuerda que los fondos europeos constituyen una herramienta fundamental para financiar actuaciones preventivas. “Sabemos que los incendios siempre van a ocurrir, pero se trata de optimizar los recursos para reducir sus efectos”, resume.
Arrocera del Pirineo representa otra de esas inversiones, buscando convertir el conocimiento en valor añadido para el territorio. José Vicente Murillo, presidente de la cooperativa, explica que el proyecto “investiga sobre técnicas de cultivo y comportamiento del arroz para mejorar decisiones y afinar el modelo productivo”. La información es poder, dice, y gracias a ello ya se han podido prevenir daños de plagas mediante métodos respetuosos con el medioambiente.
Así, apostando por un tejido de producción vivo, se pone una base sobre la que construir valor añadido que refuerce la economía rural. Aquí entran las figuras de calidad y las nuevas iniciativas agroalimentarias, que han encontrado en el PEPAC un aliado formidable. Juan Carlos Brun, presidente de la IGP Ternasco de Aragón, recuerda que “la calidad necesita promoción, control y, especialmente, relevo”. Es en casos como este donde se nota el impacto de la gente que decide sumarse, ya que contribuye a la elaboración de uno de los elementos culinarios más valorados tanto dentro como fuera de Aragón.
El capítulo de la colaboración público-privada a través de los fondos LEADER completa el retrato de un PEPAC que no se limita a financiar actuaciones aisladas. Según Nacho Robredo, uno de los beneficiarios y gerente de Queso d’Estrabilla, este plan ha dado la posibilidad a pequeños empresarios para poder empezar su proyecto “y acelerar una evolución que, sin ese empuje, habría sido mucho más lenta”.
Esa orientación refuerza una idea que atraviesa todos los testimonios: cuando las políticas públicas se diseñan desde el territorio y para el territorio, el resultado no es solo una ayuda puntual. El Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023–2027 ya ha ayudado a cubrir las necesidades de varios proyectos de vida que explican mejor que cualquier balance administrativo por qué el campo sigue siendo una cuestión de estado. Ha demostrado que conservar, producir y habitar el territorio no son objetivos contrapuestos. Son, precisamente, las condiciones para que Aragón siga teniendo futuro en sus pueblos.
.png)
.jpg)
