Rubén García, representante sindical y bombero de la helitransportada de Brea de Aragón, detalla en la emisora las carencias del servicio y la falta de medios en la comarca tras las movilizaciones iniciadas
El conflicto laboral que enfrenta a los bomberos forestales de la empresa pública Sarga con la Administración autonómica ha entrado en una nueva fase. Tras el inicio de las movilizaciones y el posterior traslado de sus reivindicaciones ante el Justicia de Aragón en Zaragoza —donde exigieron «más recursos y menos discursos» para evitar que se repitan episodios de jornadas maratonianas de más de 22 horas y falta de relevos en grandes incendios—, los delegados sindicales han dejado claro que no levantarán las protestas sin un compromiso de negociación real y cuantitativo sobre la mesa.
El colectivo argumenta que la masa forestal de la comunidad y el aumento de la densidad de vegetación por la despoblación hacen insostenible el dimensionamiento actual del dispositivo INFOAR, el cual cuenta con unos 800 trabajadores fijos y apenas medio centenar de temporales. Entre sus reclamaciones principales destacan el incremento de entre 150 y 200 efectivos para evitar el colapso del servicio, la actualización de equipos de protección, el desarrollo del estatuto marco del bombero forestal y la regulación de complementos retributivos reales por peligrosidad, toxicidad y penosidad, citando como ejemplo que la asistencia a un incendio apenas supone un estipendio de seis euros adicionales en la nómina.
Rubén García en COPE
Las movilizaciones han tenido su correspondiente reflejo a nivel comarcal. Coincidiendo con las primeras concentraciones a las puertas de la Comarca Comunidad de Calatayud, los micrófonos de COPE Calatayud recogieron los testimonios directos de los profesionales que prestan servicio sobre el terreno. Durante la emisión, Rubén García Arévalo, bombero forestal de la helitransportada de Brea de Aragón y delegado sindical de CGT, explicó en directo las causas del malestar y el alcance de las medidas adoptadas.
«Vamos a la huelga principalmente por la inacción del Gobierno de Aragón y de la empresa pública Sarga. Desde el gran incendio de Ateca en 2022 venimos advirtiendo de la tensión a la que se somete al operativo y del riesgo de simultaneidad de fuegos, pero no se ha actuado», expuso García en los micrófonos de COPE Calatayud. El representante sindical enfatizó que, pese a tener decretados unos servicios mínimos del 100 % que consideran abusivos, el compromiso del personal con la seguridad ciudadana es total: «Trasladamos a la ciudadanía que en ningún caso vamos a dejar de atender cualquier incendio que se produzca. Nuestra vocación y el compromiso con nuestros montes están por encima de todo».
Durante la entrevista radiofónica también se puso de relieve la precariedad de las infraestructuras de trabajo en la propia comarca bilbilitana. García denunció deficiencias severas en las instalaciones de la cuadrilla del Alto Jalón, ubicada en Ariza, señalando que los profesionales carecen de baños adecuados, agua corriente o espacio para descontaminar sus equipos tras la inhalación de humo y sustancias nocivas: «Es un tema material urgente. No son condiciones mínimas ni para el mantenimiento de herramientas ni para las labores de prevención en invierno».
La parte social insiste en que las soluciones no admiten más demoras hasta el cierre del verano. Con la vista puesta en las reuniones del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), los representantes de la plantilla reclaman interlocutores con capacidad de decisión técnica y presupuestaria en el Gobierno de Aragón para sentar las bases de un nuevo modelo de prevención y extinción de incendios adaptado a la realidad territorial de la comunidad.
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