Por el Profesor Manuel Martín-Bueno, Doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza en 1973
Sirvan estas líneas como continuación, esperemos que final, de mi anterior aportación a este medio de comunicación.
El que un personaje, tanto me da el sexo o condición, se sirva del engaño, casi siempre doloso, para obtener un beneficio personal y económico, con el que salimos perjudicados todos, si todos, porque generalmente, aunque no siempre, las arcas públicas son perjudicadas y el dinero que contienen ha sido previamente aportado por el conjunto de la ciudadanía con sus impuestos. Hagan cuentas y juzguen, es sencillo. Todo esto es muy grave.
El tema de los currículos hinchados, falseados, etc., es más frecuente de lo que se piensa, tanto por inclusión como por omisión, valiéndose de la presunta buena fe de los lectores, pero también de la ineficacia de quienes deben, a veces por obligación de su función, verificar si aquello que se dice es verdad o no. Es muy sencillo averiguarlo, pero hay que hacerlo y no siempre se cumple con la obligación, incurriendo en falta que lleva a errores, muchas veces con graves consecuencias.
Los medios de comunicación, siempre con sus excepciones, no ayudan, es evidente. Para acreditar un curriculum vitae tan solo sirven aquellos títulos académicos o de otro tipo, que expiden un TITULO FINALISTA: Diplomado, graduado, licenciado, doctor, etc. y poco más. Los másteres son diplomas que van por norma general asociados a otros títulos finalistas como extensión de aquellos y también se pueden cursar en organismos públicos o privados, como universidades pero también en organismos o empresas autorizadas para ello y homologados previamente a su impartición, para acreditar su solvencia.
Lo de los másteres es harina de otro costal porque es de sobra conocido el chiringuito que se montó en cierta universidad pública madrileña, por un director de departamento (ya fallecido) con la colaboración indispensable de la entonces presidenta de aquella C.A., (que distrajo algún producto de perfumería en un supermercado, que la pillaron en el intento y fue colocada de inmediato en la picota pública). Ambos personajes convocaron un máster especializado en asuntos jurídicos-patrimoniales-policiales, que permitió que quienes se matricularon en él fueran promovidos luego en su carrera a puestos que el resto de sus compañeros de cuerpo no pudieron acceder por tener puntuación inferior. ¡Milagro¡ aquel máster valía su precio en oro.
El que en un curriculum vitae aparezca aquello de ESTUDIOS en ó de: (aquí cualquier cosa), no quiere decir nada en absoluto, porque no se han terminado, ni hay título oficial que lo acredite. Es decir: Graduado en lo que sea, por la universidad que sea, en tal año con diploma compulsado por la autoridad pública competente que es lo que vale. Eso sirve para las licenciaturas, doctorados o los antiguos diplomados, etc., porque todos ellos eran o son títulos finalistas, los otros no, ya que pudieron matricularse, pero no se terminaron. Por ejemplo (es mi caso) me matriculé y tengo varios cursos de: Derecho, Ciencias Sociales, Piano, pero no los finalice, ergo, estudios SI pero título NO.
Hay otros estudios que generan diplomas como los Estudios Propios, de algunas universidades, Diplomas de Especialización, etc., pero son simplemente lo que dicen y tienen el valor que tiene, pero nada más. Sirven para acumular méritos, pero no para sustituir o suplir los que no se tienen.
El reciente caso de un ciudadano (funcionario al parecer desde hace muchos años) que para el ingreso en la carrera administrativa aportó un título que parece que no tenía y que incluso dicen que todavía no existía en aquella universidad pública levantina, es de una gravedad extrema. Para acceder a la función pública hay que acreditar y presentar el título que se exija (fehacientemente comprobado) por la administración convocante una vez hecho lo cual podrá pasar a la lista de admitidos para el concurso u oposición y ser juzgado por el tribunal nombrado al efecto. El que fuera aprobado por el tribunal o no, es irrelevante porque había (presuntamente) un defecto previo que invalidaba la presencia de aquel candidato.
El problema ahora, una vez destapado el pufo y destituido (ha resignado su cargo), es qué se hace con él. La realidad es que (los tribunales administrativos deberán pronunciarse) habiendo sido acreditado indebidamente como funcionario público desde hace muchos años, debería ser expulsado de su condición de funcionario y exigírsele las reparaciones económicas por los emolumentos indebidamente percibidos en todos los años que corresponda, con independencia de otras responsabilidades que, no soy quién para reseñar.
No obstante, no olvidemos la labor indolente y tal vez culpable (a demostrar) de quien o quienes dieron por buena aquella documentación que permitió su paso al tribunal que lo juzgó luego y que por lo tanto no tiene nada (o casi nada) que ver en este caso.
Los títulos académicos, et., son lo que son y deben exigirse cuando sea necesario para lo que sea, pero desde luego deben estar acreditados por organismos fuera de toda sospecha y con garantías suficientes para que tengan la validez que les queremos dar. De lo contario esto es una jungla en la que todo cabe, todo el mundo opina y lo que es peor, juzga, sin tener ni capacidad para ello, ni autoridad legal o moral y lo que es peor para mí los conocimientos mínimos para ello.
