Once municipios denuncian un servicio que consideran caótico que amenaza también a las líneas de la Comunidad de Calatayud
La puesta en marcha del nuevo servicio de transporte de viajeros por carretera ha sido la chispa que ha encendido un enfado larvado desde hace tiempo. Lo que se presenta como una modernización es percibido por muchos vecinos como un vaciamiento progresivo de un servicio público esencial: autobuses que solo circulan si alguien llama antes, vehículos sustituidos por furgonetas, horarios que no se respetan y usuarios que se quedan sin plaza a mitad de trayecto.
La concesión, en manos de la empresa gallega Monbus, afecta de lleno a once localidades que dependen del autobús para mantener un mínimo de conexión con Zaragoza o Calatayud y con los servicios básicos. Tras los primeros días de funcionamiento, el descontento se ha hecho evidente y ha saltado al debate público. El PSOE en la comarca ha utilizado las redes sociales para denunciar una planificación que, a su juicio, castiga de forma sistemática al medio rural y lo empuja hacia una lenta asfixia. Desde el partido aseguran que no van a aceptar este escenario y que plantarán cara a lo que consideran un recorte encubierto.
El alcalde de Gotor, José Ángel Calvo, ha sido una de las voces más críticas. Describe las condiciones del servicio como “leoninas” y difícilmente compatibles con la realidad de la comarca. Las líneas que enlazan Calcena, Pomer o Aranda de Moncayo con Zaragoza dependen de una llamada telefónica previa. “Si no llamas, el autobús no aparece”, comenta. Y aun cumpliendo ese requisito, el sistema sigue haciendo aguas: cuando hay pocos viajeros se envía una furgoneta y, si esta se llena durante el recorrido, algunos pasajeros se quedan literalmente en tierra.
El problema no termina ahí. Los horarios oficiales se incumplen con frecuencia, lo que introduce una inseguridad constante entre los usuarios. Quien consigue llegar a su destino no sabe si podrá regresar. Una situación especialmente delicada si se tiene en cuenta que la mayoría de los viajeros son personas mayores que utilizan el autobús para acudir a citas médicas. A este panorama se suma el anuncio del Salud: entre el 22 de diciembre y el 5 de enero no abrirá ningún consultorio en la comarca, salvo el de Illueca.
“Esto no hay por dónde cogerlo”, lamenta Calvo, que señala directamente al Gobierno de Aragón por permitir este modelo. “Se está dejando a los pueblos a su suerte. ¿Cómo se puede supeditar un servicio público a una llamada telefónica cuando sabemos que la cobertura falla con demasiada frecuencia?”, se pregunta.
La inquietud se extiende más allá del Aranda. En la Comunidad de Calatayud se observa con recelo el desarrollo de esta concesión ante el temor de que el mismo esquema termine aplicándose a otras líneas comarcales. La sensación compartida es que el transporte público se está adelgazando sin tener en cuenta ni el territorio ni a quienes lo habitan.
El alcalde de Gotor reclama una rectificación profunda y advierte de que no aceptarán más pasos atrás. “Nos quieren sin médico y sin transporte, pero no vamos a permitir que desde la distancia y sin sensibilidad se firme la defunción de nuestros pueblos. Aquí hay vida y la vamos a defender”, afirma.
Por su parte, el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, reconocía recientemente en COPE CALATAYUD que no se había calibrado adecuadamente el alcance del problema. “No éramos conscientes de que hubiera semejante desaguisado con unos horarios planteados en 2021”, señalaba. Según explicó, se está trabajando para dar respuesta a las demandas vecinales y se confía en que, a partir del 7 de enero, las líneas necesarias vuelvan a funcionar con normalidad.
Entre tanto, en el Aranda crece la convicción de que este conflicto va más allá de un simple autobús. Para muchos vecinos, lo que está en juego es algo más profundo: el derecho a seguir viviendo en sus pueblos sin sentirse ciudadanos de segunda.
