El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, valora “muy positivamente” el recurso del Gobierno de Aragón ante este Decreto del Gobierno de España
El reciente cambio normativo aprobado por el Gobierno español —el Real Decreto 905/2025, que modifica la regulación para la creación y autorización de universidades y centros universitarios— ha alterado los planes de la futura Universidad Niccolò Cusano Aragón (NCI) cuya instalación en Calatayud tenía el visto bueno y contaba con importantes apoyos institucionales.
Qué establece el nuevo decreto
La reforma introduce requisitos más exigentes para admitir nuevas universidades privadas. Entre las nuevas condiciones aparecen: un número mínimo de estudiantes en los primeros años, una estructura académica firme (grados, másteres y programas de doctorado), profesorado con porcentaje mínimo de doctores y compromiso con la investigación. Además, los procesos de autorización pasarán por un control más estricto de calidad, lo que cambia sustancialmente lo que hasta ahora se consideraba suficiente para lanzar un nuevo campus.
Para promotores, agencias de calidad y administraciones autonómicas, estos nuevos criterios implican una “criba” de alto nivel. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha advertido que algunos de los requisitos del decreto pueden considerarse “injustificados y discriminatorios”, pues dificultan la entrada de nuevos competidores en el sistema universitario.
Qué suponía la universidad prevista en Calatayud
El proyecto para Calatayud, impulsado por la organización promotora Società delle Scienze Umane, había sido recibido en 2022 y presentado públicamente como una apuesta innovadora para Aragón. El campus se proyectaba en las instalaciones de la antigua Azucarera Labradora, frente a la estación de AVE, y contaría con varias facultades, laboratorios, biblioteca, espacios multimedia, y un programa de grados, másteres y doctorados.
En marzo de 2025, el Gobierno de Aragón envió al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades la memoria del proyecto.
Además, a nivel local el proyecto contaba con respaldo. En abril de 2025, el Ayuntamiento de Calatayud aprobó por mayoría una moción de apoyo formal a la creación de la universidad, respaldada por varios partidos políticos y con la bandera de ampliar las oportunidades formativas en la ciudad.
Qué cambia ahora: empezar otra vez
Con la entrada en vigor del nuevo decreto, el panorama se complica. Los responsables del proyecto en Calatayud deben adaptar la universidad a los nuevos requisitos si quieren que su solicitud avance: probablemente implicará revisar planes de estudio, asegurar un volumen mínimo de alumnos, garantizar investigación, contratar profesorado con titulación doctora y cumplir estándares de calidad.
Ese endurecimiento supone que el proceso debe reiniciarse: la memoria presentada ya no basta. El proyecto, puede verse obligado a volver a “la casilla de salida” si quiere cumplir las nuevas condiciones.
Desde el Ayuntamiento de Calatayud y la promotora defienden que el campus cumple con los criterios previos —elemento que, de hecho, permitió su registro oficial—, pero critican la aplicación retroactiva del decreto. Consideran que genera “inseguridad jurídica” y penaliza iniciativas que se presentaron con anterioridad a la norma.
Aragón también se opone
El Gobierno autonómico sostiene que el Real Decreto invade competencias propias en materia universitaria, ya que impone condiciones y evaluadores que antes correspondían a las agencias regionales de calidad. Además, denuncia que no se ha establecido ninguna disposición que respete los expedientes en marcha, lo que afecta a los tres proyectos presentados en Aragón, entre ellos el de Calatayud.
Mientras se resuelve el recurso ante el Supremo, el futuro de la Universidad Niccolò Cusano Aragón queda en una situación de espera. Las instituciones bilbilitanas confían en que el proceso pueda reconducirse para que el proyecto continúe, pero admiten que el nuevo escenario obliga a replantear los plazos y a revisar de nuevo toda la documentación.
El posicionamiento del alcalde
El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, ha valorado “muy positivamente” la decisión del Gobierno de Aragón de recurrir el decreto ante el Tribunal Supremo. Señala que el nuevo marco “no solo altera de manera sustancial los requisitos que se exigían cuando el proyecto ya estaba en tramitación, sino que introduce elementos que no guardan relación directa con la calidad docente”.
Aranda comparte la necesidad de que las nuevas universidades cumplan parámetros académicos sólidos, “como disponer de un porcentaje adecuado de doctores o contar con actividad investigadora desde sus primeros años”, pero rechaza que se fije un mínimo de 4.500 alumnos al inicio, ya que “ese criterio no mide la calidad de la enseñanza; actúa, más bien, como una barrera que impide que territorios como el nuestro puedan atraer proyectos universitarios”.
El alcalde insiste en que la normativa “perjudica directamente a ciudades de tamaño medio que aspiran legítimamente a ampliar su oferta educativa”, y recuerda que Calatayud llevaba años trabajando para convertirse en sede universitaria. “La ciudad ha respondido, las instituciones han colaborado y el proyecto estaba bien encaminado. Lo que ahora se plantea es volver a empezar sin que exista un periodo transitorio que permita respetar el trabajo ya realizado”, señala.
