Las ayudas estatales completan las actuaciones encomendadas a las administraciones autonómicas y municipales, y el Gobierno ha activado los mecanismos para reducir los plazos para su gestión
El Consejo de Ministros acordó este martes declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC) (antes denominadas zonas catastróficas) las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Illes Balears, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Extremadura, Galicia, Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja, que desde el pasado 12 de junio han sufrido en total 119 incendios forestales. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, señaló durante su comparecencia del martes que estos incendios presentan unas características diferentes a las conocidas hasta ahora debido a los efectos del cambio climático y de las altas temperaturas registradas este verano.
En el Caso de Aragón, supone la declaración de zona catastrófica (técnicamente, zona afectada gravemente por emergencias de protección civil) para las áreas afectadas por los incendios de Ateca y Añón de Moncayo, originados este verano. Concretamente el incendio de Ateca, en la comarca bilbilitana, calcinó unas 14.000 hectáreas en julio y el de Añón de Moncayo, que este martes todavía no se había dado por extinguido, ha quemado cerca de 6.000 hectáreas.
Los incendios han provocado graves desperfectos en infraestructuras y en bienes públicos y privados, así como en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas, aún sin cuantificar.
Las ayudas estatales completan las actuaciones encomendadas a las administraciones autonómicas y municipales, y que el Gobierno ha activado los mecanismos para reducir los plazos para su gestión y concesión. El acuerdo adoptado el pasado martes incluye ayudas directas cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior, así como otras medidas ordenadas por otros ministerios, entre las que figuran beneficios fiscales, iniciativas laborales y de Seguridad Social y ayudas dirigidas a corporaciones locales para reparar instalaciones y equipamientos municipales.
Las medidas de recuperación previstas en estos acuerdos contemplan ayudas por destrucción total, por daños a la estructura o por otros años en la vivienda habitual y en sus enseres; ayudas por daños a elementos comunes de una comunidad de propietarios; ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales y de bienes; ayudas a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios y turísticos; y ayudas a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables, entre otras.
